Las sociedades comerciales en Colombia deberán evaluar el valor de sus activos e ingresos brutos correspondientes al cierre del año 2024 para determinar si están obligadas a contar con un revisor fiscal en 2025.
De acuerdo con la normativa vigente, las entidades que cumplan con los siguientes criterios estarán obligadas a designar revisor fiscal, elegido por la junta de socios o asamblea de accionistas:
- Activos brutos: Aquellas sociedades con activos brutos iguales o superiores a $6.500.000.000 al 31 de diciembre de 2024 (equivalente a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes –SMMLV–, considerando un SMMLV de $1.300.000).
- Ingresos brutos: Las sociedades cuyos ingresos brutos del 2024 sean iguales o superiores a $3.900.000.000 (equivalente a 3.000 SMMLV).
Fundamento legal
Esta obligación está establecida en el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, que regula el ejercicio de la revisoría fiscal. Además, el Código de Comercio (artículo 203) establece otras circunstancias bajo las cuales se requiere la designación de revisor fiscal, tales como:
a) Las sociedades por acciones (sin importar el monto de sus activos o ingresos).
b) Las sucursales de compañías extranjeras.
c) Las sociedades que, de manera voluntaria, decidan nombrar un revisor fiscal, siempre que esta decisión sea adoptada por socios que representen al menos el 20 % del capital social y que no formen parte de la administración.
Importancia del cumplimiento
El cumplimiento de esta normativa es fundamental para garantizar la transparencia y la adecuada supervisión de los estados financieros, así como para evitar sanciones derivadas de su incumplimiento.
Las empresas deben revisar cuidadosamente su información contable y financiera al cierre de 2024 para asegurarse de cumplir con esta obligación, si corresponde. La designación de un revisor fiscal no solo es un requisito legal, sino también una herramienta clave para fortalecer la confianza en la gestión de las organizaciones.